Econoticias 26-4 2001El Congreso aprobó el pasado 19 de abril, por mayoría y de forma definitiva, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha norma aumenta el número de proyectos que deben pasar un exhaustivo examen medioambiental, establece multas máximas de 400 millones y exige al Gobierno para que desarrolle la refundición y adaptación de la normativa legal en materia de aguas antes de dos años. Con los votos favorables del PP y los grupos nacionalistas gallego (BNG), catalán (CiU) y canario (CC), el rechazo de IU y PSOE, y la abstención del grupo vasco (PNV), el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a la nueva ley, aprobada por el Gobierno el pasado 6 de octubre y que llegó del Senado con cerca de una treintena de enmiendas. Entre las novedades aportadas durante el trámite parlamentario, destaca la inclusión de una disposición final, por la que "en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno dictará un Real Decreto legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal en materi de aguas existente". También incluye cambios relacionados con la definición de infracciones graves e incumplimiento de las condiciones ambientales, explotaciones ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o instalaciones térmicas e industriales, así como presas y plantas de tratamiento de aguas residuales. La nueva ley contempla la obligatoriedad de un informe de impacto ambiental para las instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros e instalaciones industriales para la producción de electricidad con potencia térmica superior a los 100 mw. Con la entrada en vigor de esta ley, se triplica el número de proyectos de infraestructuras que deberán someterse obligatoriamente a un análisis exhaustivo sobre repercusiones medioambientales. Aeródromos, urbanizaciones, complejos hoteleros, pistas de esquí, teleféricos o parques temáticos que se vayan a construir en zonas sensibles para la naturaleza o humedales declarados de importancia internacional. La nrmativa establece multas para infracciones "muy graves" de 40 a 400 millones de pesetas; para las "graves" de 4 a 40 millones, y para las leves, de hasta 4 millones. |